Una organización delictiva que operaba desde distintas cárceles de la provincia de Buenos Aires fue desmantelada tras una extensa investigación por estafas virtuales y lavado de dinero.
Todo comenzó con lo que parecía una simple llamada. Un vecino de Junín recibió un llamado supuestamente de la empresa Claro. Le ofrecían asistencia para migrar sus datos al nuevo celular. Pero detrás de esa atención al cliente, se escondía una estafa: los delincuentes buscaban acceder al código de verificación de su WhatsApp.
En segundos, su cuenta fue tomada por los estafadores, quienes comenzaron a contactar a sus allegados pidiéndoles transferencias de dinero. Uno de ellos cayó en la trampa y transfirió más de $1,4 millones a una cuenta de Claro Pay.
“Estamos frente a una organización con base en distintos puntos del país y conexiones desde el mismo sistema penitenciario”, explicaron fuentes judiciales.
A partir de este hecho, comenzó una investigación compleja a cargo de la sección Cibercrimen de Junín, con supervisión de la fiscal Vanina Lisazo y el Juzgado de Garantías N°2, a cargo de Marisa Muñoz Saggese.
El equipo logró reconstruir cómo se movía el dinero a través de billeteras virtuales como Naranja X, Personal Pay y Claro Pay. Detectaron un entramado de transferencias cruzadas, nombres repetidos y vínculos familiares, configurando una típica estructura de lavado de activos.
Operativo simultáneo en seis localidades
El martes 27 de mayo, se realizaron seis allanamientos simultáneos en General Alvear, La Plata, Ituzaingó, Luis Guillón, Adrogué y Grand Bourg. Participaron fuerzas especiales de Cibercrimen de distintas jurisdicciones y grupos tácticos como FOE, Infantería y el GAD.
Como resultado, tres personas fueron detenidas dentro de cárceles bonaerenses: en General Alvear, La Plata e Ituzaingó. Dos de ellas ya cumplían condenas por delitos graves como abuso sexual y tentativa de homicidio.
Además, hubo allanamientos en domicilios particulares donde se incautaron celulares, notebooks y tarjetas SIM utilizadas para ejecutar las estafas.
“Utilizan herramientas tecnológicas para generar confianza en las víctimas y operar con rapidez, antes de ser detectados”, señalaron fuentes de la investigación.
Una red con tareas definidas
La investigación concluyó que no se trata de hechos aislados. Se identificaron roles claramente definidos: captadores de víctimas, receptores del dinero, encargados de dispersarlo y quienes se ocupaban de borrar rastros digitales.
Todos los implicados fueron notificados en el marco de una causa por “defraudación informática”, pero se solicitó recaratularla como “asociación ilícita” según el artículo 210 del Código Penal.
Este caso es una nueva muestra del avance del cibercrimen organizado y la necesidad de respuestas coordinadas entre la Justicia, fuerzas policiales y unidades especializadas.
La causa sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.
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