Al menos cuatro personas murieron en el último año y medio en comunidades terapéuticas que, según denuncias, funcionaban sin habilitación ni controles adecuados. Uno de los casos ocurrió en Malvinas Argentinas, donde falleció una adolescente de 17 años.
El caso en Malvinas Argentinas
Una de las muertes ocurrió en la localidad de Grand Bourg, donde una adolescente de 17 años, identificada como Juliana (nombre preservado), falleció el 2 de febrero de 2026 en una comunidad terapéutica.
La muerte fue informada de manera preliminar como un ahorcamiento. Sin embargo, relevamientos posteriores indicaron que el establecimiento no presentaba información pública sobre habilitación, responsables clínicos ni profesionales de salud mental matriculados.
El caso pone en foco la falta de controles sobre instituciones que operan con escasa o nula supervisión estatal.
Otros casos en la provincia
Los otros fallecimientos corresponden a Sebastián (36) y Catalina (20), en una comunidad terapéutica que funcionó en Escobar y luego en Pilar, y a un adolescente de 17 años derivado desde Río Negro a un centro en Pilar.
En los dos primeros casos, las muertes fueron reportadas como suicidios. Testimonios relevados por la Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental (UIP) describen situaciones de encierro, hostigamiento y presunta falta de asistencia profesional dentro de los establecimientos.
El tercer caso involucra a un menor que falleció tras ser derivado a un hospital, en un contexto donde la institución había sido denunciada previamente por organismos de control.
Denuncias y falta de control
De acuerdo a la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA), este tipo de situaciones no son aisladas. La organización registró al menos 20 muertes en dispositivos similares durante la última década.
Las denuncias señalan que muchas comunidades terapéuticas funcionan sin habilitación, sin equipos interdisciplinarios y bajo modalidades que no se ajustan a la normativa vigente en salud mental.
Un problema estructural
Especialistas advierten que la falta de dispositivos públicos accesibles y con atención continua empuja a muchas familias a recurrir a este tipo de instituciones.
La ausencia de una red estatal suficiente en salud mental es señalada como uno de los factores que sostienen la proliferación de estos centros.
Mientras tanto, continúan operando espacios con denuncias previas, en un contexto donde el acceso a tratamientos adecuados sigue siendo limitado.
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